BRÜGGE INSISTE CON MODIFICAR LOS DESTINOS DEL IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES
En medio de la polémica por las duba de retenciones al campo, la iniciativa del diputado democristiano cobra impulso en pleno reclamo de las provincias por mayor equidad fiscal y autonomía financiera ante un Gobierno Nacional que centraliza fondos y transfiere responsabilidades sin recursos
Mientras el Gobierno de Javier Milei reaviva la tensión con el interior productivo al disponer una nueva suba de retenciones a la soja, el maíz y el sorgo, el diputado nacional Juan Fernando Brügge (Democracia Cristiana – Encuentro Federal) prepara una nueva ofensiva legislativa para que la Cámara de Diputados trate su proyecto de reforma del régimen de distribución del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.
La iniciativa, presentada formalmente este año, vuelve a tomar protagonismo en un contexto de creciente malestar federal. Gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) rechazaron de plano la decisión presidencial de aumentar las retenciones al agro, calificándola como una “asfixia a las economías regionales”. A este escenario se suma el reclamo generalizado por el incumplimiento del Ejecutivo nacional en el envío de fondos coparticipables.
Brügge, en ese marco, promueve una redistribución de los recursos que surgen del impuesto a los combustibles, que durante 2024 recaudó más de $2,5 billones, pero de los cuales el 90% quedó en manos del Estado Nacional. “El esquema actual es regresivo, injusto y va en contra de la equidad territorial que exige la Constitución. Las provincias y municipios quedaron solas frente a obligaciones que históricamente cubría la Nación”, argumentó el legislador.
La reforma propone una nueva asignación del producido del tributo, distribuyendo el 43,3% a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, un 28,7% al Sistema Único de Seguridad Social, un 2,6% al sistema de compensación del transporte público, y un 25,5% al Tesoro Nacional. De aprobarse, el proyecto representaría un cambio radical que fortalecería las arcas provinciales, hoy dependientes de mecanismos complementarios como la tasa vial.
En sus fundamentos, Brügge recuerda que el FONAVI, el sistema de infraestructura hídrica y la red vial nacional eran financiados históricamente con este impuesto, pero que la eliminación de entes como el ENOHSA y el abandono de la obra pública nacional dejaron sin sustento esos servicios, obligando a las provincias a cubrirlos con recursos propios. “Lo que antes era responsabilidad del Estado Nacional, hoy se transfiere sin financiamiento, violando el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional”, advirtió.
La presentación de este proyecto coincide además con el avance del Gobierno en nuevos esquemas de concesión vial con peajes, lo que, para el diputado, es un indicio claro de que los fondos recaudados “no están siendo utilizados en el fin que establece la ley, lo que afecta al aparato productivo, la circulación y la vida de millones de argentinos”.
Brügge también apunta a recuperar el financiamiento para vivienda social, ante el vaciamiento del FONAVI, y evitar una crisis sanitaria en varias regiones por la falta de inversiones en saneamiento. En su propuesta, remarca que estos fondos deben destinarse directamente a las provincias, asegurando ejecución y control cercano de las obras.
La semana próxima, el legislador buscará sumar apoyos entre sus pares y presionar para que su iniciativa ingrese al temario de sesiones. Sabe que el debate sobre la coparticipación y el federalismo fiscal está al rojo vivo, y su proyecto se posiciona como un contrapeso institucional ante un Gobierno Nacional que concentra y no transfiere.
“El país no puede sostenerse sobre el desequilibrio de que las provincias asuman servicios públicos esenciales sin recibir los fondos que constitucionalmente les corresponden”, concluyó Brügge.
La discusión que se avecina en el Congreso no será sólo técnica, sino eminentemente política y federal: cuánto poder y cuántos recursos debe administrar cada nivel del Estado en un país que se reclama como república, pero se debate entre el centralismo y la equidad.
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