El Congreso debate una modificación profunda de la Ley de Glaciares sancionada en 2010, en una sesión que puede redefinir el vínculo entre protección ambiental y desarrollo minero en la cordillera. En ese contexto, el especialista en recursos naturales Favio Casarin analizó para ACERO Y ROCA el impacto de la normativa vigente sobre las inversiones y defendió la necesidad de introducir criterios científicos más precisos.

La discusión legislativa se produce en medio de fuertes posiciones contrapuestas. El proyecto propone revisar el alcance de las prohibiciones actuales, que alcanzan de manera uniforme a todas las geoformas glaciares y periglaciares. Según Casarin, el texto original adolece de una generalización excesiva que no distingue entre distintos tipos de glaciares ni evalúa su aporte hídrico real.

“El problema es que se trata como si glaciar y ambiente periglaciar fueran lo mismo, y no lo son”, sostiene. A su entender, la ley no diferencia entre glaciares de casquete, de escombros o de circo, y aplica las mismas restricciones sin considerar su función específica dentro de cada cuenca.

El punto crítico, explica, es que no se ha medido con precisión cuánto aporta cada cuerpo de hielo al sistema hídrico. Si bien el inventario elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales permitió identificar y localizar estas formaciones, el relevamiento fue principalmente descriptivo. “No se puede sostener una prohibición absoluta sin determinar si ese glaciar cumple o no un rol clave como reserva de agua”, argumenta.

La reforma en debate propone que, ante la presentación de un emprendimiento en áreas clasificadas como glaciares o periglaciares, se exijan estudios de impacto ambiental e hidrogeológico específicos. La idea es que la decisión final se apoye en datos técnicos y no en una presunción uniforme.

En el plano constitucional, sectores críticos advierten que cualquier flexibilización podría vulnerar el Artículo 41 de la Carta Magna al reducir los presupuestos mínimos de protección ambiental. Casarin descarta ese planteo. “No se está bajando el piso de protección. Se está pidiendo clasificar y estudiar en profundidad antes de aplicar una restricción definitiva”, afirma.

También entra en juego el alcance del dominio provincial sobre los recursos naturales. El especialista recuerda que el Artículo 124 de la Constitución reconoce esa potestad y cita un fallo de 2019 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que llamó a un “federalismo de concertación”, es decir, a coordinar decisiones entre Nación y provincias.

El debate no es abstracto. La falta de definiciones concretas incide directamente en la planificación de proyectos metalíferos ubicados en la franja andina. “Con una ley amplia y sin distinciones, ningún inversor va a asumir ese riesgo”, advierte Casarin. La consecuencia, sostiene, es la postergación de iniciativas estratégicas, especialmente en cobre.

En provincias como San Juan, varios emprendimientos aguardan señales de mayor previsibilidad. El cobre es considerado un insumo central para la transición energética global, indispensable para redes eléctricas, energías renovables y electromovilidad. Sin un marco que combine control ambiental y certezas jurídicas, esas inversiones permanecen en pausa.

El contraste regional aparece como argumento recurrente. Casarin señala que Argentina cuenta con miles de glaciares identificados y una actividad minera limitada, mientras que Chile, con una normativa ambiental general y siglos de tradición extractiva, se consolidó como líder mundial en cobre. “Si la minería hubiera afectado de manera decisiva el recurso hídrico, Chile no podría sostener su desarrollo”, razona.

Para el especialista, la clave no reside en eliminar resguardos sino en precisarlos. “Si un glaciar aporta de forma significativa a una cuenca, no debe tocarse. Pero si no cumple esa función, hay que evaluar técnicamente cada caso”, concluye.

 

La sesión parlamentaria de este jueves no solo pondrá a prueba la capacidad de consenso político. También definirá si el país opta por sostener un esquema de prohibiciones amplias o avanzar hacia un modelo apoyado en mediciones científicas específicas. De esa decisión depende, en gran medida, el futuro de nuevas inversiones en la cordillera argentina.