La inauguración del Centro de Formación Laboral N.º 423, vinculado a UPCNBA, volvió a poner en discusión la cantidad de cargos que integran su estructura, los mecanismos de designación y la relación entre el sistema educativo provincial y determinadas organizaciones sindicales. Reclaman información pública sobre expedientes, funciones y recursos destinados a su funcionamiento.

La inauguración del Centro de Formación Laboral N.º 423, vinculado a UPCNBA, volvió a poner en discusión la cantidad de cargos que integran su estructura, los mecanismos de designación y la relación entre el sistema educativo provincial y determinadas organizaciones sindicales. Reclaman información pública sobre expedientes, funciones y recursos destinados a su funcionamiento.

 

Hay inauguraciones que celebran una obra.

 

Otras que representan una política pública.

 

Y algunas que, detrás de las fotografías, los discursos y los aplausos, dejan abiertas preguntas que merecen respuestas.

 

La reciente presentación del Centro de Formación Laboral N.º 423, vinculado a la estructura sindical de UPCNBA, volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de una institución educativa que forma parte del sistema de capacitación laboral de la provincia de Buenos Aires.

 

El debate no gira únicamente alrededor de los cursos que allí se dictan.

 

Las preguntas apuntan a algo más profundo: la cantidad de cargos existentes, los mecanismos utilizados para las designaciones, los vínculos entre algunos integrantes de la estructura y dirigentes sindicales, y el costo que representa su funcionamiento para el Estado bonaerense.

 

Según los cuestionamientos planteados por distintos sectores, la estructura del CFL 423 superaría las 50 designaciones, incluyendo cargos directivos, administrativos, capacitadores, preceptores y otras funciones.

 

Y es allí donde comienza la discusión.

 

¿CUÁNTOS RECURSOS DESTINA EL ESTADO?

 

En una provincia que permanentemente enfrenta debates por el presupuesto, los salarios de los trabajadores estatales y el funcionamiento de los servicios públicos, surge una pregunta central:

 

¿Cuánto dinero destina anualmente el Estado bonaerense al funcionamiento del Centro de Formación Laboral N.º 423?

 

La respuesta debería estar disponible de manera clara.

 

También debería poder conocerse quiénes integran su estructura, cuáles son sus funciones, cómo fueron designados y qué tareas desempeñan.

 

Entre los interrogantes que todavía aparecen sin una respuesta pública detallada se encuentran:

 

- ¿Cuántos cursos funcionan actualmente?

- ¿Cuántos alumnos concurren a cada propuesta?

- ¿Cuántos trabajadores integran la estructura?

- ¿Qué funciones cumple cada agente?

- ¿Cómo fueron realizadas las designaciones?

- ¿Qué mecanismos administrativos se utilizaron?

- ¿Dónde pueden consultarse los expedientes?

- ¿Existen cargos acumulados o posibles incompatibilidades?

- ¿Cuál es el costo total de la estructura?

 

Se trata de preguntas elementales cuando se administran recursos públicos.

 

DE LA ESTRUCTURA SINDICAL AL SISTEMA EDUCATIVO

 

El CFL 423 habría desarrollado históricamente parte de sus actividades en espacios relacionados con la CGT Regional, mientras funciona dentro del sistema de formación laboral dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

 

La participación de organizaciones sindicales en la formación y capacitación de trabajadores no constituye, por sí misma, una irregularidad.

 

Los sindicatos históricamente han tenido un rol en la capacitación laboral y profesional.

 

Sin embargo, el debate aparece cuando se analiza la dimensión que puede adquirir una estructura vinculada a una organización gremial dentro del sistema estatal.

 

La pregunta es concreta:

 

¿Dónde termina la participación sindical en políticas de capacitación y dónde comienza una posible estructura de influencia sobre cargos financiados por el Estado?

 

Responder esa pregunta requiere documentación, expedientes y transparencia administrativa.

 

LOS VÍNCULOS QUE GENERAN INTERROGANTES

 

Los cuestionamientos toman mayor relevancia cuando se mencionan personas que tendrían vínculos familiares, políticos o sindicales con integrantes de la conducción de UPCNBA.

 

Entre los casos señalados públicamente aparecen familiares de dirigentes de la organización sindical, entre ellos personas vinculadas al entorno del secretario de Finanzas y cosecretario de la CGT, Héctor Nieves.

 

También se mencionan personas relacionadas con el asesoramiento jurídico de la organización, dirigentes territoriales y otros integrantes del entramado sindical.

 

Otro de los puntos que genera interrogantes está relacionado con familiares de integrantes de la conducción gremial que, según los señalamientos conocidos, también desempeñarían funciones en otras dependencias estatales, entre ellas el Teatro Argentino.

 

Ahora bien:

 

¿Es ilegal que un familiar de un dirigente sindical tenga un cargo público?

 

No.

 

¿Es irregular tener más de una función dentro del Estado?

 

No necesariamente.

 

Todo depende de las normas aplicables, la carga horaria, las incompatibilidades y el efectivo cumplimiento de las funciones.

 

El problema aparece cuando no existe información suficiente para que la sociedad pueda conocer con claridad cómo fueron realizadas esas designaciones.

 

Porque cuando se trata de recursos públicos, la transparencia no debería ser una concesión.

 

Debería ser una obligación.

 

EL “APLAUSÓMETRO” Y LA LÓGICA DEL PODER

 

Dentro de la administración pública bonaerense circula desde hace años una percepción entre trabajadores y sectores críticos de determinadas estructuras sindicales.

 

Una percepción que algunos denominan, irónicamente, “el aplausómetro”.

 

La lógica sería sencilla:

 

Acompañar al dirigente.

 

Participar de los actos.

 

Respaldar políticamente una conducción.

 

Y luego acceder a determinados espacios, cargos o beneficios.

 

Se trata, por supuesto, de una percepción política que debe diferenciarse de cualquier acusación concreta.

 

Una cosa es la sospecha.

 

Otra muy distinta es demostrar una irregularidad administrativa.

 

Por eso, la discusión no debería resolverse con declaraciones cruzadas.

 

La respuesta debería estar en los documentos.

 

Expedientes. Resoluciones. Designaciones. Funciones. Horarios. Compatibilidades.

 

Todo aquello que permita determinar si cada cargo cumple con los requisitos establecidos por la normativa.

 

UNA AUDITORÍA COMO RESPUESTA

 

Si todo funciona correctamente, una auditoría debería ser la mejor respuesta frente a cualquier cuestionamiento.

 

No para perseguir trabajadores.

 

No para cuestionar la existencia de la formación laboral.

 

Sino para garantizar que los recursos públicos estén correctamente utilizados.

 

Una revisión administrativa permitiría establecer, entre otras cuestiones, si:

 

- Los cargos fueron creados conforme a la normativa vigente.

- Las designaciones respetaron los procedimientos administrativos correspondientes.

- Los trabajadores cumplen efectivamente las funciones asignadas.

- La cantidad de personal guarda relación con la actividad educativa desarrollada.

- Los cursos cuentan con alumnos y funcionamiento comprobable.

- Las remuneraciones corresponden a tareas efectivamente realizadas.

- No existen incompatibilidades horarias o administrativas.

- No existen situaciones de favoritismo en las designaciones.

- Los recursos públicos se destinan exclusivamente a los objetivos previstos.

 

Si todo está en regla, la documentación debería despejar cualquier duda.

 

Y si existen irregularidades, corresponde que sean investigadas por los organismos competentes.

 

Porque los fondos públicos no pertenecen a un partido político ni a una organización sindical.

 

Son recursos de todos los bonaerenses.

 

¿UNA POLÍTICA EDUCATIVA O UNA ESTRUCTURA DE PODER?

 

El Centro de Formación Laboral N.º 423 puede cumplir un papel importante en la capacitación de trabajadores y en la generación de oportunidades laborales.

 

Precisamente por esa razón, debería estar sujeto a los máximos estándares de transparencia.

 

No alcanza con inaugurar un edificio.

 

No alcanza con las fotografías.

 

No alcanzan los discursos.

 

Cuando existe una estructura financiada con recursos públicos, la información debe estar disponible.

 

Los cargos.

 

Los nombres.

 

Las funciones.

 

Los expedientes.

 

Los cursos.

 

La matrícula.

 

Las horas de capacitación.

 

Los salarios.

 

Las designaciones.

 

Los mecanismos de control.

 

La transparencia no debería ser una respuesta frente a una denuncia.

 

Debería ser una política permanente.

 

LA PREGUNTA QUE SIGUE SIN RESPUESTA

 

Mientras la provincia de Buenos Aires discute cómo administrar sus recursos, mejorar los salarios de los trabajadores y sostener los servicios públicos, una pregunta permanece sobre la mesa:

 

¿Cuánto le cuesta al Estado bonaerense el funcionamiento del CFL 423 y cómo está integrada su estructura?

 

La respuesta podría confirmar que se trata de una política pública de formación laboral correctamente administrada.

 

Pero también podría abrir una discusión más profunda sobre la relación entre determinadas estructuras sindicales y la distribución de cargos dentro del Estado.

 

Por ahora, hubo inauguración.

 

Hubo fotografías.

 

Hubo discursos.

 

Pero siguen faltando datos.

 

Y cuando se trata de recursos públicos, los datos no deberían ser un secreto.

 

La documentación existe.

 

Los expedientes deberían poder consultarse.

 

Las designaciones deberían poder explicarse.

 

Y las funciones deberían poder comprobarse.

 

Porque si todo está en orden, no debería haber nada que ocultar.

 

Lo que falta, entonces, no son más discursos.