CUESTIONAN LOS PROYECTOS PARA AGRAVAR PENAS POR FALSAS DENUNCIAS
En el marco del debate reabierto en el Senado sobre el endurecimiento de penas por falsas denuncias —impulsado por iniciativas de la senadora Carolina Losada y la diputada Lilia Lemoine—, la especialista en derechos de la infancia Laura Musa expresó un fuerte rechazo a estas propuestas y advirtió sobre sus consecuencias institucionales y sociales.
Según Musa, estos proyectos “no parten de evidencia concreta”, ya que no presentan datos sobre sentencias firmes por falsas denuncias que justifiquen una modificación del Código Penal. En ese sentido, sostuvo que se construye un problema sobredimensionado que puede tener efectos negativos en el acceso a la justicia.
“La finalidad real de estas iniciativas es amedrentar a quienes denuncian abusos o situaciones de violencia de género. En lugar de fortalecer la investigación, se pone el foco en castigar a quienes se animan a hablar”, señaló.
La especialista subrayó que, en el sistema judicial argentino, las víctimas no tienen la obligación de aportar pruebas, ya que esa responsabilidad recae en el Ministerio Público Fiscal, que cuenta con recursos, personal y herramientas para investigar los hechos denunciados. “Desplazar esa carga hacia las víctimas implica un retroceso grave”, afirmó.
Asimismo, Musa cuestionó la idea de que el aumento de penas tenga un efecto disuasivo: “No hay evidencia, ni en Argentina ni en otros países, de que agravar las penas reduzca la comisión de delitos. Es una respuesta punitiva que no resuelve el problema de fondo”.
Desde el punto de vista jurídico, también advirtió sobre la posible inconstitucionalidad de los proyectos. Recordó que la Argentina es parte de la Convención de Belém do Pará, que obliga a los tres poderes del Estado a garantizar y facilitar el acceso a la justicia para las mujeres que denuncian violencias. En la misma línea, mencionó que la Convención sobre los Derechos del Niño —incorporada a la Constitución Nacional— establece la obligación tanto de funcionarios como de la sociedad de denunciar posibles vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes.
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