ABOGADOS PENALISTAS DE LA PLATA MOSTRARON “PREOCUPACIÓN” POR ACTUACIONES DE LA JUEZA
Sanucci, a cargo del Tribunal en lo Criminal I de La Plata, deberá enjuiciar al dueño de medios Agustín Raimondo, acusado de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar un contexto de violencia de género contra su ex mujer, Florencia Mascioli.
La magistrada fue denunciada recientemente ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Bonaerenses por distintas irregularidades.
La familia sostiene que a pesar de que Raimondo no estaba con su abogado, que faltó a las primeras audiencias por problemas de salud, Sanucci habría comenzado a interrogarlo sin su abogado, Marcelo Peña.
Del mismo modo la familia sostuvo en la denuncia, que la Jueza Sanucci, habría querido conocer una conversación privada que el imputado sostuvo con Peña, protegido por la confidencialidad que protege la relación entre imputado y su defensa.
Ante esta situación, la Asociación Civil de Abogados Penalistas Platenses manifestaron la preocupación ante los hechos que tomaron estado público, que podrían haber afectado el libre ejercicio de la defensa técnica.
El conjunto de abogados que se reunió para analizar la situación, puso también la lupa sobre otra parte de la denuncia, que le adjudica a Sanucci un consejo que le habría sugerido al imputado Raimondo: que analizara cambiar de Defensor “para su bien”
Los penalistas subrayaron que “Sin perjuicio de que los hechos denunciados deberán ser debidamente esclarecidos por los organismos competentes, nuestra Asociación considera necesario reafirmar que la independencia del abogado defensor, la confidencialidad de las comunicaciones con su asistido y el respeto por la libre elección del abogado de confianza, constituyen pilares esenciales del derecho de defensa y del debido proceso”. “El ejercicio de una defensa eficaz exige que quienes asumimos esa función podamos desarrollarla con absoluta libertad e independencia, sin injerencias indebidas y en condiciones que garanticen una verdadera igualdad de armas entre las partes”.
Además, sostienen que el respeto por la función jurisdiccional y la prudencia que corresponde mantener mientras se sustancian los mecanismos institucionales pertinentes exigen actuar con responsabilidad frente a hechos que, por el momento, se encuentran denunciados y sujetos a evaluación por parte de los organismos competentes.
La Asociación finalizó señalando que seguirán la evolución de las actuaciones “reafirmando nuestro compromiso con la defensa irrestricta de las garantías constitucionales, el debido proceso y el libre ejercicio de la abogacía”.
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