A más de cuatro años de aparecer en forma anónima, plena de falsedades de todo tipo, la denuncia que entonces involucró al sindicalista Osvaldo Barreñada como supuesto participante de un delito (inexistente) contra el Estado, sigue durmiendo en algún cajón del despacho de la fiscal María Alejandra Mángano. La fiscal, quien nunca tuvo argumento alguno para acusar al gremialista –al punto que no lo llamó, siquiera, a indagatoria- sigue esperando no se sabe qué para desestimar la causa. Mientras, Barreñada acaba de presentar un nuevo pedido de sobreseimiento definitivo.

  El “periodista” que lanzó la mentira la bautizó como “El plan Korea”. En principio, y en pleno auge de la “grieta”, el brulote “vendía” entre los medios: un radical y dirigente sindical de un organismo público vinculado a la corrupción. Pero bastaba con ahondar apenas en el tema para que éste se cayera cual castillo de naipes. El acusado, Osvaldo Barreñada, nunca tuvo nada que ver con el gobierno macrista; el organismo público al que pertenece no es estatal; Barreñada es empleado y no funcionario de ese organismo; tiene licencia gremial desde hace 15 años y, por ambas razones, no puede firmar documento alguno en nombre de esa repartición, que es el PAMI.

  Según la mentira, en 2016 Barreñada –secretario general de la Unión de Trabajadores del Instituto, el gremio mayoritario del PAMI- viajó a Corea del Sur integrando una delegación oficial encabezada por José Cano, por esos días titular del llamado Plan Belgrano –uno de los tantos blufs del gobierno macrista (una entelequia que tenía un jefe pero no poseía sede, ni estructura ni presupuesto, como así tampoco representación oficial valedera). Siempre de acuerdo al brulote, el gremialista habría aprovechado ese viaje para hacer negocios con dos firmas orientales en nombre del PAMI y obtener, supuestamente, importantes réditos económicos a nivel personal.

  Pero ocurrieron varias cosas que pronto demostraron la mentira: Barreñada sí viajó a Korea porque recibió la invitación, pero pagó su pasaje de ida y vuelta como así también su alojamiento y estadía. Y Cano –que igualmente no podría haber firmado ningún negocio- no viajó. Hay un tercer involucrado en la “denuncia”, José Darnay –funcionario de rango menor del PAMI Tucumán- que también participó del viaje pagando sus gastos y que aparece como firmante en las referidas transacciones comerciales. Pero también en este caso la mentira es aviesa: la firma que aparece en el supuesto documento probatorio, no es la de Darnay. Asimismo, no hay firma alguna de Barreñada que lo vincule a negocio o negociado alguno, esto además de que el sindicalista no puede firmar nada en nombre del PAMI, como ya se explicó al comienzo. La acusación de “cohecho pasivo” se supone alude a una intención de dar o recibir una coima, pero ocurre que nunca hubo un motivo que moviera a Barreñada o Darnay a pensar siquiera en tal delito. Otra, la de “negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública” es otro despropósito: ni Barreñada ni Darnay realizaron negociación alguna ni eran –ni son- funcionarios públicos.  Y tanto el PAMI como las dos empresas orientales mencionadas en la “denuncia” (Esscom Japan Co. Ltd. y Jicen Hitech Co. Ltd.), han desmentido oficialmente la realización de transacción alguna entre las partes.

  Lo cierto es que al día de hoy el dirigente tucumano sigue involucrado en la causa judicial N°5828/2017, caratulada "Barreñada Osvaldo y Otros s/Defraudación contra la Administración Pública". De hecho, el solo título de la causa es en sí mismo un error: como ya fue explicado, el PAMI no es un organismo estatal: pertenece a los trabajadores en actividad y a los propios jubilados, y se solventa con recursos surgidos de los aportes de unos y otros. Pero además, la “administración pública” no fue “defraudada” ya que nunca se produjo ningún acto ni negocio ni acuerdo ni nada que hubiera podido “defraudar” a la “administración pública”.

  Llegado este punto, surgen algunas preguntas, simples: ¿Por qué prosigue la causa si está claro que no hay delito alguno que investigar? ¿Por qué, si el fiscal Marijuan transfirió el expediente sin haber hallado ningún delito, la fiscal Mángano insiste en retenerlo y en negarse a sobreseer a los acusados? Y si, tal como dice la fiscal, ella debe "agotar todas las medidas de prueba realizables a fin de contar con el escenario probatorio más amplio posible", ¿por qué nunca citó ni indagó a Barreñada, quien se supone –o debiera suponer la fiscal- es la persona más idónea para referirse a la causa?

  El abogado de Barreñada, Lucas Eksiyán, acaba de presentar un nuevo escrito reclamando el sobreseimiento “total y definitivo” de su defendido en la causa. Argumentos no le faltan y razones le sobran. Pero el problema no parece ser una cuestión técnica: tanta demora, tanta falta de respuesta, hace pensar en otra cosa.  Es que llama la atención y asusta el modo discrecional con que se mueve –en este caso cómo no se mueve- la fiscal Mángano, de quien no se sabe si hace lo que quiere porque es alfil de la ex procuradora Gils Carbó, o acaso porque al mismo tiempo es la hija de Marcelo Mángano, alguien muy vinculado, vinculadísimo, a la jueza federal María Romilda Servini de Cubría.

  Sea por protección paterna o protección política, hasta ahora la fiscal Mángano solo está logrando que una injusticia con nombre de cuento chino siga cumpliendo años en los tribunales. Y que el ciudadano de a pie siga pensando que los jueces y los fiscales jamás cambian de camiseta. Aun a pesar del mal olor.