Desde hace meses el sector inmobiliario en alianza con una parte del poder político, ha insistido en instalar la idea de que «la ley de alquileres no funcionó», sin justificar esta idea, ni demostrar mediante investigaciones o datos fehacientes esta afirmación.

A 21 meses de sancionada la ley, es necesario considerar que la misma ha transitado su vigencia en medio de una Pandemia que incorporó Decretos que modificaron las relaciones de alquiler ante el aumento la crisis económica de los hogares inquilinos.

Es necesario considerar que tampoco se garantizó el cumplimiento de la ley a través de un órgano de control. En el mismo sentido, el Gobierno Nacional incumplió con la reglamentación y ejecución del Programa Nacional de Alquiler Social que indica el título III de la Ley 27.551, este programa considera mecanismos de acompañamiento económico para los hogares más vulnerables (Por ej.: Art. 19, Inc. a) “Tener especial consideración con las personas que se encuentren en situación de violencia de género en el marco de lo previsto en la Ley de Protección Integral a las Mujeres, 26.485 y por las personas adultas mayores, velando por la no discriminación de las mismas”, Inc. c) “Propiciar la creación de líneas de subsidios o créditos blandos a efectos de facilitar el acceso a la locación de viviendas”), al tiempo que incorpora incentivos para que pequeños propietarios puedan poner sus viviendas en alquiler con ayuda del Estado, entre ellas “la creación de un seguro obligatorio que cubra la falta de pago de alquileres y las indemnizaciones por daño y ocupación indebida del inmueble” (Inciso i).

Esta falta de políticas públicas, así como la falta de control del cumplimiento de la ley, la falta de asistencia para denuncias de incumplimiento y también la falta de un adecuado registro de contratos de alquiler, así como la insaciable especulación inmobiliaria son las que resultan en la grave crisis habitacional que padece la población inquilina de todo el territorio nacional.

Afirmamos que la causa de la crisis actual de los alquileres no es por culpa de la ley. Volver a la situación anterior donde el sector rentista definía unilateralmente los aumentos sin límites y las inmobiliarias cobraban comisiones extorsivas o las condiciones obligaban a la población inquilina a la mudanza periódica cada 2 años, no es una solución. ¿Es democrático derogar una ley que llevó 5 años de debate, imponiendo un debate de menos de un mes, en un país donde no existen datos oficiales de la situación habitacional y la mayoría de los datos del sector privado son elaborados a pedido de los operadores inmobiliarios que especulan con el incumplimiento de la ley?

Las organizaciones firmantes de este documento, entendemos la necesidad de discutir el actual Índice de Contratos de Locación que impacta negativamente en la economía de los hogares, al tener de referencia una combinación que no da preponderancia al salario o lo ata a la inflación (tal como lo habíamos planteado en el debate de la ley actual).

También entendemos que la crisis habitacional que padecen los hogares inquilinos, no es resultado de una la ley, sino de décadas de abusos inmobiliarios y de políticas que siguen favoreciendo a los sectores que ostentan la concentración económica. La crisis habitacional de los hogares inquilinos es resultado de la feroz devaluación salarial, la hiperinflación, la dolarización y financiarización de la vivienda y también del ajuste económico que se impone a la clase trabajadora. Es urgente que nuestros representantes pongan un límite a la especulación rentista que aumenta los alquileres de forma desproporcionada al poder adquisitivo de los salarios devaluados. Es insostenible la demanda de rentabilidad de la vivienda en dólares, mientras los sueldos inquilinos son escasos y en pesos.

El problema es la falta de políticas distributivas. La falta de regulación de los alquileres constituye una vulneración del DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA, convirtiéndolo en un negocio para pocos, a costa de la pobreza e indigencia de la población trabajadora que alquila. Necesitamos representantes que luchen contra la desigualdad y el abuso inmobiliario que padece la población sin techo propio. Hoy gran parte de las personas que alquilan están endeudadas y sin posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas trabajando cotidianamente y pagando un alquiler.

• Es necesario que se establezcan criterios objetivos para regular el precio inicial de las viviendas en alquiler, vinculado a factores de ubicación, calidad constructiva, valor catastral, metros cuadrados, condiciones de habitabilidad. Otra alternativa es la publicación estatal de precios de referencia.

• Los aumentos de alquiler deben considerarse en base a los salarios

• Fortalecimiento de la regulación estatal nacional, en lugar de delegar en las provincias una cuestión que afecta la garantía de un Derecho Humano y Constitucional a la vivienda digna y en condiciones adecuadas, y que afecta al principio de igualdad y no discriminación.

• Garantizar el plazo mínimo de tres años en los contratos de alquiler de vivienda.

• Implementar mecanismos de articulación Interministerial e interjurisdiccional que faciliten el ejercicio de Derechos de las personas que alquilan.

• Crear el REGISTRO ÚNICO DE CONTRATOS DE ALQUILER, en la órbita de ANSES para implementar políticas públicas que reconozcan y consideren la vulnerabilidad económica de los hogares inquilinos

• Órgano de control de aplicación de la ley con poder de policía.

• Medidas integrales que garanticen una oferta de inmuebles para alquilar

Firman el presente comunicado: Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria; Sindicato de Inquilinxs Trabajadorxs de Chubut; Asoc. Civil Inquilinos Argentinos por un Techo Digno; Observatorio del Derecho a la Ciudad; Plataforma por la Vivienda Digna en El Chaltén, Sta. Cruz; Fundación Patagones Hace; Inquilinato Chaltenense; Inquilinos por nuestros derechos; Fundación Khuyay / Unión de Inquilinos Salta; Inquilinxs Tres de Febrero; Asociación Platense de Inquilines; Inquilinos Entre Ríos; Inquilinos de Quilmes; Inquilinos Córdoba; Frente Inquilinxs Morón; Inquilinos Lomas; Inquilines Mar del Plata; Inquilinxs por Quilmes; Red de Inquilines Bonaerenses; Asociación de Inquilinos de Rosario; Asociación Inquilinos/as de Mendoza; Inquilinxs Santiago del Estero; Unión de Inquilinos Rionegrinos; Unión de Inquilinos Chubut; Inquilinos Neuquén; Inquilinos La Plata; Inquilinos Bahienses; Inquilinos Lujan; Inquilinxs Jujuy; Inquilinos Tucumán; Frente de Inquilinos Nacional; Consejalía Popular de Rosario, Fundación Amadeo Capital Humano (Chaco); Movimiento la Ciudad Somos Quienes la Habitamos (CABA) - Defensoría de Laburantes- Daniel Jorajuria Kahrs (Secretario Gremial CTA-AUTÓNOMA) - CTA AUTÓNOMA Regional Comarca Andina - Secretaria de genero CTA A CHUBUT – Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas - Dra. Arq. Daniela Gargantini (Equipo de investigación Conflictos urbanos y acceso a la vivienda en alquiler del Centro Experimental de la Vivienda Económica (AVE-CEVE-CONICET) y Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba). Cooperativa Inquilinxs Córdoba (CoopinCo). - Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo).